Notas de prensa

Jornada "El Comercio ilícito, una lacra para la sociedad"

20 Septiembre 2012

“Los efectos negativos del contrabando de tabaco no sólo afectan a la economía y perjudican a pequeños empresarios que pagan sus impuestos, sino también a la salud pública puesto que el tabaco ilegal no pasa por los correspondientes controles sanitarios. Quien compra tabaco ilegal está contribuyendo a sostener mafias y organizaciones criminales que utilizan también sus estructuras para el tráfico de drogas y de personas”. Así se pronunció ayer la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en el marco de la Jornada ‘El Comercio ilícito, una lacra para la sociedad’. 

En esta sesión, celebrada en el Palacio de Congresos de Cádiz, diferentes entidades del sector pusieron de manifiesto el creciente aumento del contrabando y sus consecuencias. Así, Jaime Gil-Robles, director de Asuntos Corporativos y Legales de Altadis, apuntó que “el contrabando es una auténtica lacra para el empleo, ya que contribuye a su destrucción y no olvidemos que el sector del tabaco en España sostiene un total de 56.000 puestos de trabajo”.   

Otro aspecto tratado en esta jornada estuvo relacionado con el actual marco legal. Ignacio Millán, director de la Asesoría Jurídica de Altadis, explicó que la reforma legislativa de 2011 de la Ley del Contrabando “ha favorecido el comercio ilícito ya que antes se consideraba delito transportar tabaco por valor superior a 6.000 euros mientras que ahora, con la reforma, esa cantidad se ha elevado a 15.000 euros, lo que ha favorecido claramente el tráfico ilegal”. 

Por su parte, Juan Páramo, director general de ADELTA (Asociación Empresarial del Tabaco), alertó sobre las medidas que pretende introducir Bruselas en la revisión de la directiva sobre los productos del tabaco y las graves repercusiones que éstas provocarían al favorecer el aumento del contrabando de tabaco con la posible aplicación de unas normas que igualaría la presentación de todas las cajetillas.   

La clausura corrió a cargo de Javier de Torres, subdelegado del Gobierno en Cádiz, y Fernando López-Gil, delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, quienes coincidieron en un mensaje de compromiso con los sectores afectados.


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