Notas de prensa

El buzón de Altadis para combatir el contrabando ha recibido más de 280 denuncias en el primer trimestre de 2016

8 Abril 2016

  • Andalucía, origen del 73% de esas denuncias, es la región más activa en la identificación de puntos de venta ilícitos

Durante el primer trimestre de 2016, la participación en el buzón de denuncias habilitado por Altadis en el marco de su campaña ‘NO Contrabando’ arroja un balance muy positivo. En total, la Compañía ha recibido 282 denuncias anónimas sobre actividades de comercio ilícito que contribuyen a la lacra del contrabando de tabaco.

Por lo que respecta al origen geográfico de esas denuncias, Andalucía –donde actualmente casi 32 de cada 100 cigarrillos consumidos tienen origen ilegal– es la región más activa al concentrar el 73% del total. Entre sus provincias, Córdoba lidera la clasificación con 52 quejas, seguida de Sevilla (29) y Cádiz (26).

Junto a Andalucía, las regiones más sensibilizadas hacia el comercio ilícito son la Comunidad de Valencia y Madrid, con 23 y 20 denuncias durante el primer trimestre del año, respectivamente. Por detrás, Castilla la Mancha (7), Cataluña (6), Extremadura (10), Región de Murcia (5), País Vasco (1), Asturias (2) y Baleares (2), completan la clasificación.

 

Bazares de alimentación y bares, principales puntos de venta

El buzón, habilitado por Altadis en 2015 y accesible a través de la plataforma nocontrabando.altadis.com, clasifica las denuncias en función de si los indicios de comercio ilícito apuntan a bares, bazares de alimentación, papelerías, quioscos o si se realizan a través de Internet, en un domicilio o hasta en un vehículo. De entre estas categorías, las predominantes son los bazares de alimentación y los bares, con 79 y 66 denuncias en el primer trimestre, respectivamente.

Desde su lanzamiento, Altadis viene transmitiendo a los organismos competentes todas las denuncias recibidas, habilitando una correa de transmisión muy eficaz entre particulares, profesionales del sector y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que contribuye a poner coto a una actividad que, sólo en Andalucía, causa un perjuicio económico de unos 800 millones de euros anuales.

 


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