21 junio 2010
El director general de Altadis, filial de Imperial Tobacco Group, Dominic Brisby, ha remitido una carta al presidente del Gobierno de Andalucía, José Griñán, en la que expresa su inquietud ante la intención del Gobierno de la Nación de introducir una prohibición total al consumo de tabaco en lugares públicos y las consecuencias negativas que esta medida podría tener sobre los intereses económicos de la región.
En su misiva, Dominic Brisby manifiesta que “nuestra larga experiencia en el sector nos ha demostrado que la insistente y asfixiante presión regulatoria contra el tabaco ha sido uno de los factores decisivos que ha obligado a llevar a cabo distintos procesos de reestructuración durante los últimos años” y añade que “a la actual evolución del mercado de cigarrillos, en descenso constante, y a otras cuestiones que dificultan el normal desarrollo de nuestra actividad como la creciente fiscalidad o el incremento de la presión regulatoria, se uniría ahora la repercusión negativa que tendría una prohibición de fumar en todos los lugares públicos. Todos estos factores -añade- podrían poner en riesgo nuestro plan empresarial y podrían afectar seriamente a la viabilidad de la planta de Cádiz.
El director general de Altadis reafirma, al respecto, que “el notable impacto económico que supondría esa medida, en una situación ya suficientemente delicada, afectaría también muy negativamente a otros sectores tan relevantes para la economía española en general y la andaluza en particular, como la hostelería, el ocio y el turismo”.
Dominic Brisby concluye su carta solicitando que el presidente del Gobierno Regional se dirija al grupo parlamentario de su partido en el Congreso del Diputados y al Gobierno de la Nación para manifestarle su preocupación por los perjuicios que esa medida podría acarrear a Andalucía y le pide, al mismo tiempo, “abogue por el cumplimiento de la Ley en las condiciones actuales, que respetan la libertad de elección de fumadores y no fumadores”
En un documento anexo a la carta, el director general de Altadis, enumera una serie de consideraciones en contra de la posible extensión de la prohibición de fumar en todos los lugares públicos. Así, afirma que “Imperial Tobacco tiene una gran experiencia de las nefastas consecuencias de legislaciones similares en otros países” y cita el caso concreto del Reino Unido, donde -dice- “4.000 pubs han cerrado y 40.000 trabajadores han perdido su empleo desde que se introdujo la prohibición de fumar en lugares públicos hace tres años”.
En este sentido, añade que “en España, el efecto sería aún mayor, dado que el número de restaurantes, cafés y bares es notablemente superior al del Reino Unido, por lo que la repercusión en el sector de hostelería/restauración y en sus proveedores sería devastadora, especialmente teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa España en estos momentos”.
Citando datos de la Federación Española de Hostelería, Dominic Brisby señala que “la prohibición total de fumar provocará en España una caída de las ventas en restaurantes de un 7%, en bares y cafeterías entre un 10% y un 15%, en locales de ocio nocturno más del 20% y esto se produciría -agrega- en el peor momento de los últimos 50 años para el sector, cuando según cifras del Instituto Nacional de Estadística, su volumen de ventas ha sufrido una caída media del 7,5% en 2009”.
En su escrito, el máximo responsable de Imperial Tobacco en España cita otros dos sectores a los que podría afectar indirectamente la reforma de la Ley que pretende el Gobierno español: el de Alimentación y Bebidas, que tienen en la Hostelería su principal canal de comercialización para productos como el café o la cerveza, al que destinan el 70% de su producción, y el de Vending, que dispone de unas 181.000 máquinas de tabaco, con un empleo asociado de unos 3.000 trabajadores.
Finalmente, aprovecha para recordar algunos datos sobre la importancia del tabaco en nuestro país. Así, menciona que los ingresos por fiscalidad del tabaco representaron 9.451 millones de euros en 2009, el 9,4% del total de los tributos del Estado español; que el tabaco proporciona empleo directo a casi 50.000 personas y que supone el 1,2% del PIB nacional.
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